Las reformas laborales y del sistema de pensiones llevadas a cabo por los gobiernos del PSOE y del PP, con la complicidad de los sindicatos neo-verticales UGT y CCOO, han provocado la precarización de la clase trabajadora, la temporalidad de los contratos de trabajo, la impunidad empresarial en derechos laborales y la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora en su conjunto, lo que también ha provocado la pérdida de ingresos del sistema público de pensiones.
Cuando estamos viendo el obsceno aumento de salarios a los cuerpos represivos, Policía nacional y Guardia Civil, -lo que nos lleva a pensar que la respuesta del gobierno a las reclamaciones populares va a ser más represión-, tenemos que recordar la situación de las trabajadoras en situación de jubilación:
- Las reformas del PSOE y el PP han supuesto la pérdida de más del 35% del poder adquisitivo de las pensiones, con una pérdida media por pensión de 670 €/año, con el objetivo encubierto de favorecer los planes privados de pensiones gestionados por la banca.
- El 46 de las pensionistas cobra menos de 736 €/mes, es decir, más de 4 millones.
- La mujer pensionista cobra de media 217 euros menos que los hombres, siendo el 80 de las pensiones contributivas, cuyo importe no sobrepasa los 390 €, a pesar de que muchas han trabajado toda su vida en labores domésticas o en el campo.
Otra de las medidas que afecta a las pensionistas ha sido el “medicamentazo”, lo que ha ocasionado que:
- Un 27.29% de las personas que tienen una renta inferior a 400€/mes no retiran de las farmacias los medicamentos prescritos.
- Un 60 de pensionistas consumen medicamentos excluidos de la sanidad pública, lo que les obliga a hacer un desembolso económico extra.
- El copago farmacéutico ha provocado que muchas pensionistas dejen de sacar de las farmacias medicamentos prescritos.
Los pensionistas andaluces, además de verse afectados por las reformas de los gobiernos de España, sufren una mayor precariedad por el hecho colonial que sufre Andalucía, donde los salarios y las pensiones son menores que en el resto del Estado a consecuencia de una economía dependiente, extractiva y de servicios, controlada por el capital español y multinacional, además de sufrir un desempleo mucho mayor que el resto del Estado, especialmente en los colectivos de jóvenes y mujeres.
Por todo lo anteriormente expuesto, exigimos:
- La derogación de las últimas reformas de pensiones y reformas laborales.
- Una pensión mínima de 1.100 €.
- Subida de las pensiones con el IPC.
- Inclusión en los presupuestos del Estado partidas que aseguren la financiación de la S.S.
- Vuelta de la jubilación a los 65 años.
Además de estas medidas a corto plazo, la clase trabajadora andaluza necesita la salida de la UE, por ser esta una institución al servicio de la acumulación de capital a costa de la precarización de la clase trabajadora. Por igual motivo, debemos luchar por la salida del euro o el FMI.
Por último, advertir a la clase trabajadora andaluza de las mentiras y chantajes del capital y de sus partidos políticos cuando directamente o a través de sus medios de comunicación nos repiten que no hay dinero para las pensiones, que el sistema de seguridad social es inviable. falso:
- 11.000 millones de euros anuales para la Iglesia Católica.
- Aumento de un 83% el presupuesto del Ministerio de defensa.
- 60.600 millones de pérdidas por el rescate bancario.
- 4.500 millones en el rescate de autopistas.
- 1.500 millones en tres años para sueldos de policías y Guardias Civiles.
- 90.000 millones anuales es el coste estimado por la corrupción política-económica, según el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El Estado español, al igual que la UE es un marco de acumulación de capital donde las burguesías estatales y supranacionales se benefician de la explotación de las clases populares y trabajadoras para mantener privilegios y beneficios a costa del sufrimiento y carencias de las mayorías. Solo el empoderamiento de las clases populares para construir espacios de soberanía y de democracia real puede subvertir esta situación de evidente explotación de nuestros recursos naturales y humanos.
En Almería, a 16 de marzo de 2018.