Desde la Asamblea local de Nación Andaluza - Almería, queremos denunciar la situación que se está dando en los centros de protección de menores públicos de la Junta de Andalucía en Almería. En concreto en los Centros de Atención Inmediata Piedras Redondas e Indalo.
Los niños y niñas menores de edad acogidos en estos centros tienen derecho y en base a la Orden de 18 de enero de 1.999, a una paga semanal, denominada "dinero de bolsillo" destinado a cubrir pequeños gastos personales y como instrumento de aprendizaje y refuerzo. La paga va desde 3,01 euros los menores de 7 a 9 años, hasta los 9,02 euros los de 16 a 18 años. Con este dinero, que ciertamente no da para mucho, los menores pueden comprarse desde chuches, refrescos, hasta ir al cine, a un ciber o cosas tan importantes para un joven como ir a una peluquería.
Pues bien, desde el 8 de enero de este año y con explicaciones nada convincentes, los chicos y chicas llevan sin cobrar ese dinero, que es suyo y que está regulado. Esto crea serios problemas en el funcionamiento diario de estos centros.
Además se está dando lugar a que muchos de esos chicos no lleguen a cobrar ese dinero que se les adeuda porque ya no están en los centros. Bien porque han llegado a la mayoría de edad o porque se hayan ido voluntariamente a otros países europeos o causen baja por múltiples circunstancias y no se sabe su paradero. Por lo que nunca cobrarán ese dinero que por normativa vigente les corresponde.
Esto unido a que los centros tampoco están recibiendo una cantidad mensual establecida también en la orden de 18 de enero de 1999 para la acción educativa y que es gestionada por el personal educativo de estos centros.
Este dinero va destinado a actividades educativas para que los menores puedan relacionarse con el entorno y se sientan integrados en la sociedad donde viven, mediante la organización de actividades deportivas, recreativas, culturales, etc,. Por tanto en los últimos 6 meses no hay dinero para realizar actividades fuera del Centro como ir a un parque acuático, ir al cine, teatro, alquilar una pista de fútbol, aprender a nadar, etc,.
Todo este panorama unido a la privatización encubierta que supuso hace años dejar la protección del menor en manos de las llamadas entidades colaboradoras (sin ánimo de lucro) en vez de en manos públicas, la fuerte reducción de plazas y como consecuencia de centros ocurrida en los últimos tiempos, está ocasionando graves perjuicios en la atención del menor así como distorsionando el trabajo de los profesionales que trabajan con ellos.
Por último desde Nación Andaluza, solicitamos a la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y a la Consejería Igualdad y Políticas Sociales, ya que esta situación en ningún momento es achacable a dichos centros, que lo solucione urgentemente y que pague a todos los menores lo que se le adeuda.
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